La portavoz del Grupo Provincial del PP, Patricia Torres, acompañada por el presidente de la Asociación Alma Llanera, Lorenzo González, presentó hoy los detalles de la moción en la que se pide al Gobierno de España que adapte estos criterios a la realidad social de la provincia de Ourense y garantizar la inclusión del mayor número posible de personas
Patricia Torres denuncia el “colapso burocrático” y la falta de oficinas de atención para los migrantes en el rural orensano, por el que los populares exigen más recursos y la ampliación de plazos en el proceso de regularización extraordinaria
Lorenzo González destacó el trabajo realizado por la Diputación de Ourense en esta materia agradeciendo que sea “la única que atendió nuestra llamada” y está realizando un “trabajo excepcional, coordinando en una plataforma única para facilitar todo este proceso de regularización tanto a los interesados como las propias entidades del tercero sector que “trabajamos día a día con este colectivo en calle”
19, mayo, 2026
El Grupo Provincial del PP llevará una moción al pleno de la Diputación de Ourense del mes de mayo, para instar al Gobierno de Sánchez a que flexibilice los criterios para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Así lo trasladó hoy la portavoz del Grupo Provincial del PP, Patricia Torres, acompañada por el presidente de la Asociación Alma Llanera, Lorenzo González.
Patricia Torres denunció el “colapso burocrático” y la falta de oficinas de atención para los migrantes en el rural orensano, por el que los populares exigen más recursos y la ampliación de plazos en el proceso de regularización extraordinaria para que las personas del rural no tengan mayores dificultades para acceder a este proceso que las que viven en ciudades donde hay más oficinas administrativas, ONG especializadas y más capacidad técnica municipal.
La regularización extraordinaria es una “oportunidad histórica, pero no podemos permitir que el rural orensano quede al margen por culpa de poner en marcha una iniciativa sin organización, sin dar información suficiente a los que gestionan esta tramitación y con muy poco plazo, ya que salió en abril y acaba el plazo el 30 de junio”, dijo la portavoz popular.
Por eslabón, Patricia Achicharres demanda que el Estado amplíe el plazo para que la gente pueda realizar la tramitación con margen de tiempo y con normalidad, así como flexibilizar los requisitos. Una reivindicación que resulta imprescindible en una provincia como nuestra donde “también los necesitamos, por el que debemos los ofrecerles las mejores condiciones posibles”, añadió la portavoz popular.
Por lo tanto, el Grupo Provincial del PP demanda al Gobierno de España la “bajar al territorio, ampliar los plazos, poner más personal y facilitar que cualquier persona, viva en una gran ciudad o en un pequeño municipio, pueda tramitar sus papeles en condiciones de igualdad”, explicó Patricia Torres.
Por su parte, Lorenzo González destacó el trabajo realizado por la Diputación de Ourense en esta materia agradeciendo que sea “la única que atendió nuestra llamada” y está realizando un “trabajo excepcional, coordinando en una plataforma única para facilitar todo este proceso de regularización tanto a los interesados como las propias entidades del tercero sector que “trabajamos día a día con este colectivo en calle”. Y animó a que todas las fuerzas políticas con representación en esta institución apoyen esta iniciativa porque “por encima de los colores están las personas”.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo que el Gobierno de España adapte estos criterios a la realidad social de la provincia de Ourense y garantizar la inclusión del mayor número posible de personas. Uno de los principales obstáculos detectados en las primeras semanas del proceso de regularización extraordinaria está siendo el sistema de cita previa presencial, especialmente en las oficinas habilitadas de Correos y de la Seguridad Social.
Una demanda que se hace más que necesaria en una provincia como nuestra donde hay una fuerte dispersión poblacional, envejecimiento demográfico, municipios rurales pequeños con una limitada capacidad administrativa, ya que provoca que los migrantes que viven en el rural dependan casi exclusivamente de los servicios de la ciudad, entidades sociales, o redes informales de ayuda.
