Rosa Sánchez Gándara y Francisco José Fernández denuncian que la proposición de ley para recuperar el tipo reducido del 10% acumula ya 97 prórrogas en el Congreso
Los senadores populares presentan una nueva batería de preguntas para conocer el impacto de esta fiscalidad en el empleo, en el cierre de establecimientos y en la supervivencia del sector en la provincia
27, agosto, 2026
Los senadores del Partido Popular por Ourense Rosa Sánchez Gándara y Francisco José Fernández reclamaron hoy al PSOE que ponga fin al bloqueo de la proposición de ley destinada a recuperar el IVA reducido del 10% para los servicios de peluquería, barbería y estética.
En la comparecencia estuvieron acompañados por María José Rocholl, presidenta de la Asociación de Empresarios de Peluquería y Estética de Ourense, que trasladó las dificultades que atraviesan los profesionales del sector ante el incremento de los costos y una presión fiscal que compromete la viabilidad de muchos pequeños negocios.
Los representantes orensanos denunciaron que la iniciativa, remitida por el Senado al Congreso en noviembre de 2023, permanece paralizada en la fase de presentación de enmiendas desde diciembre de ese mismo año y acumula ya 97 ampliaciones del plazo.
“Después de casi tres años y 97 prórrogas ya no cabe ninguna excusa. El Gobierno debe dejar de prolongar indefinidamente los plazos y permitir que la proposición de ley continúe su tramitación, sea debatida y pueda votarse”, afirmó Rosa Sánchez Gándara.
La senadora recordó que esta reivindicación ya fue trasladada al Pleno del Senado el pasado mes de abril. “De aquella se acumulaban más de 87 prórrogas. Cuatro meses después llegamos a las 97, el que demuestra que, lejos de ofrecer una solución, el Gobierno continúa bloqueando la iniciativa”, advirtió.
Autónomos y pequeños negocios
Sánchez Gándara y Fernández subrayaron que detrás de esta demanda hay fundamentalmente autónomos, microempresas y negocios familiares. Segundo los datos del sector, alrededor del 94% del empleo está ocupado por mujeres, aproximadamente el 80% de los profesionales son autónomos y los establecimientos tienen un promedio de apenas 2,1 trabajadores.
Francisco José Fernández incidió en la importancia de estos negocios en una provincia como Ourense, especialmente en los pequeños municipios y para una población envejecida y dispersa.
“Cada establecimiento que cierra supone perder empleo y actividad económica, pero también un servicio de cercanías fundamental para muchas personas mayores del rural”, señaló.
Por su parte, María José Rocholl explicó que los profesionales deben afrontar la subida de la electricidad, de los productos, de los alquileres, de los salarios y de las cotizaciones, con unas márgenes cada vez más reducidas.
“La recuperación del IVA reducido no es un privilegio, sino una medida necesaria para mantener abiertos los establecimientos y conservar los puestos de trabajo. No podemos entender que una iniciativa tan importante para miles de autónomos leve casi tres años paralizada y acumule ya 97 prórrogas”, manifestó.
Preguntas sobre el impacto en Ourense
Los senadores anunciaron la presentación de una batería de preguntas para que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda expliquen cuantos cierres podrían evitarse en la provincia con la aplicación del tipo reducido del 10% y que impacto tendría esta medida sobre el empleo y la supervivencia empresarial.
También demandan información sobre las consecuencias económicas y sociales de la desaparición de estos servicios en los pequeños municipios y sobre la capacidad de las microempresas para asumir el incremento continuado de los costos fiscales, laborales y operativos.
Finalmente, preguntan qué mecanismos piensa adoptar el Ejecutivo para poner fin al bloqueo parlamentario y si está dispuesto a comprometerse a evitar nuevas prórrogas.
“No se puede hablar permanentemente de apoyar los autónomos y las pymes mientras se mantiene paralizada durante casi tres años una iniciativa que afecta directamente a su viabilidad”, censuraron Rosa Sánchez y Francisco José Fernández.
Los senadores resumieron sus demandas en tres puntos: que cesen las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas, que la proposición de ley continúe inmediatamente su tramitación en el Congreso y que se recupere el IVA reducido del 10%.
“Este sector no pide privilegios, sino una fiscalidad justa que le permita trabajar, crear empleo y mantener abiertos sus negocios. Desde Ourense seguiremos dando voz a sus profesionales hasta que exista una solución”, concluyeron.
