Los representantes populares en la Cámara Baja reclaman datos oficiales, cuestionan la suficiencia de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y exigen una mejor coordinación institucional y un plan específico de actuación para la provincia
Advierten de que en los últimos meses se conocieron situaciones especialmente preocupantes en barrios como A Ponte, O Vinteún, O Couto y el casco urbano, donde vecinos y comunidades denunciaron problemas de inseguridad, salubridad, deterioro del entorno y convivencia. A esta situación se suman sucesos graves como los incendios producidos en inmuebles ocupados
10, junio, 2026
Los representantes del Partido Popular de Ourense en el Senado, Carmen Leyte, Rosa Sánchez Gándara, Francisco José Fernández y Manuel Baltar, reclaman al Ministerio del Interior que haga públicos los datos oficiales sobre denuncias por violación de morada y usurpación de inmuebles en la provincia de Ourense durante los años 2023, 2024, 2025 y el que va de 2026, así como el número de personas detenidas o investigadas y las intervenciones realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Los senadores populares exigen también un refuerzo de los medios privados y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ourense, con el objetivo de mejorar la prevención y garantizar una actuación más eficaz ante ocupaciones ilegales, usurpaciones o conflictos derivados de estas situaciones.
Asimismo, solicitan que el Gobierno establezca instrucciones específicas para mejorar la coordinación entre la Delegación del Gobierno en Galicia, la Subdelegación del Gobierno en Ourense, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, los juzgados y las administraciones competentes.
Los representantes orensanos en la Cámara Baja cuestionan al Gobierno de España por el abandono en la adopción inmediata de medidas ante a creciente preocupación vecinal provocada por los episodios relacionados con la ocupación ilegal y la usurpación de inmuebles en la ciudad y la provincia de Ourense.
La formación advierte de que en los últimos meses se conocieron situaciones especialmente preocupantes en barrios como A Ponte, O Vinteún, O Couto y el casco urbano, donde vecinos y comunidades denunciaron problemas de inseguridad, salubridad, deterioro del entorno y convivencia derivados de inmuebles abandonados u ocupados.
Reclaman respuestas coordinadas, rápidas y eficaces
Segundo las informaciones conocidas, la provincia de Ourense registró en 2025 un total de 14 usurpaciones de inmuebles y ocho personas detenidas o investigadas por estos hechos. A esta situación se suman sucesos graves, como los incendios producidos en inmuebles ocupados, uno de los cuáles llegó a destruir por completo un edificio.
“Los vecinos de Ourense no pueden seguir esperando mientras aumentan la preocupación, la degradación de determinados entornos urbanos y los riesgos para la seguridad. El Gobierno debe actuar, ofrecer información transparente y poner todos los medios necesarios para prevenir estos hechos y responder con rapidez cuando se producen”, señalaron.
“Es imprescindible que exista una respuesta coordinada, rápida y eficaz cuando un inmueble ocupado genera problemas de seguridad, salubridad o convivencia. No basta con reaccionar cuando el problema ya se agravó; hay que prevenir, coordinar y actuar”, añadieron .
Los senadores populares reclaman, además, que el Gobierno valore si el marco normativo actual ofrece una protección suficiente a propietarios, comunidades de vecinos y ayuntamientos, y que impulse las reformas necesarias para evitar que estas situaciones se prolonguen en el tiempo.
Finalmente, la formación solicita al Ministerio del Interior una valoración específica de la situación en Ourense y la puesta en marcha de un plan de actuación para la provincia que incluya:
• La publicación periódica de datos oficiales sobre ocupación ilegal, usurpación, violación, detenidos, investigados e intervenciones policiales.
• El refuerzo de los efectivos y recursos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
• La creación de protocolos de coordinación entre fuerzas policiales, juzgados y administraciones.
• Una respuesta prioritaria ante inmuebles que generen riesgos de incendio, insalubridad, inseguridad o graves problemas de convivencia.
• La revisión del marco normativo para mejorar la protección de propietarios, vecinos y entidades locales.
“Desde el Partido Popular de Ourense en el Senado exigimos al Gobierno que deje de mirar hacia otro lado y actúe con responsabilidad. Ourense necesita seguridad, coordinación institucional y soluciones concretas”, concluyeron los senadores.
