Advierte en un informe de las consecuencias negativas de las prácticas clínicas coercitivas en pacientes de psiquiatría y lamenta que el Comité de Ministros siguiera trabajando en un protocolo que “no fomenta la autonomía de los pacientes, pese las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos”
31, enero, 2026
La senadora gallega Carmen Leyte logró por unanimidad que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) se pronunciase en contra de un nuevo proyecto de protocolo sobre el ingreso y el tratamiento involuntarios de personas en servicios de salud mental, señalando que dificultaría la abolición de las prácticas coercitivas en los dichos entornos.
Esta iniciativa supone la primera vez que el órgano europeo rechaza un proyecto de protocolo del Comité de Ministros.
El Comité de Ministros, órgano ejecutivo de la organización, solicitó a la Asamblea que emitiera una opinión sobre el proyecto de protocolo elaborado por expertos intergubernamentales. Así, la opinión basada en un informe de Carmen Leyte fue clave para que esta Asamblea, a la que pertenecen 324 miembros de los parlamentos nacionales de los Estados miembros del Consejo de Europa, reconociera la necesidad de establecer un marco para las medidas excepcionales de último recurso para tratar a las personas con problemas de salud mental.
La senadora ourensana advirtió durante su intervención de la “afectación a los derechos, a la dignidad y la autonomía de miles de personas en todo el mundo” que suponen las prácticas coercitivas, por lo que apeló al “profundo sentido de la responsabilidad” y solicitó la “transición inmediata hacia abolición de estas prácticas”, en consonancia con las recomendación de los organismos de derechos humanos en Europa.
Garantías legales y riesgo de abusos
Citó diversas recomendaciones de organismos internacionales ante las medidas de ingreso involuntario de los pacientes de salud mental; que en los últimos años advirtieron que no había garantías legales en estos procesos, así como del riesgo de abusos. En este sentido, Leyte reiteró que las medidas coercitivas “deben ser el último recurso” para las personas con dolencias mentales o con discapacidades.
Lamentó que a pesar de estas recomendaciones, el Comité de Ministros siguiera trabajando en el protocolo que pretende continuar con las prácticas denunciadas.
“La autonomía debe ser el principio rector, no un apéndice. El objetivo común no debe ser fomentar el internamiento involuntario, sino la autonomía de estos pacientes”, destacó.
En su condición de médica, la senadora popular reconoció que “no es posible eliminar de la noche a la mañana las prácticas coercitivas”, sin embargo, insistió en que cualquier regulación o cambio “no puede ser un freno ni una coartada para mantener lo que debería ser excepcional y último recurso”.
Citó países europeos que caminan hacia eliminación de estas prácticas, señalando que trabajan con “medidas reales, eficaces y respetuosas con los derechos humanos”, gracias a iniciativas como la “detección precoz, formación idónea, participación de los pacientes y compromiso #político real”.
Por último, Leyte invitó al Consejo de Europa a “estar a la altura de este desafío”.
