El Ejecutivo no concreta ni los mecanismos específicos de prevención ni el número y periodicidad de las inspecciones laborales en Galicia y Ourense, pese a la reiteración de accidentes mortales, tal y como alertan los senadores gallegos y de la provincial de Ourense, indica Rosa Sánchez Gándara
19, febrero, 2026
El Gobierno elude responder sobre los controles de seguridad en las obras del AVE y se limita a repetir que “se cumple la ley”. Así queda de manifiesto en la respuesta parlamentaria en la Cámara Alta a la pregunta formulada por los senadores gallegos y de la provincia de Ourense, tal y como señala Rosa Sánchez Gándara, pues el Ejecutivo no concreta ni los mecanismos específicos de prevención ni el número y periodicidad de las inspecciones laborales en Galicia y Ourense, pese a la reiteración de accidentes mortales.
Los senadores de Ourense y Galicia del Partido Popular en el Senado denuncian así que el Gobierno de España ha evadido responder a las preguntas planteadas sobre la seguridad laboral en las obras del AVE en Galicia, tras el accidente mortal ocurrido el pasado 18 de noviembre en el tramo de la variante exterior de Ourense.
En su respuesta escrita, el Ejecutivo no detalla ningún mecanismo específico de prevención de riesgos laborales, limitándose a afirmar de forma genérica que Adif-Alta Velocidad cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa vigente. Una afirmación genérica que no responde a lo preguntado, máxime en un contexto marcado por una reiteración de accidentes graves y mortales en las obras del AVE en Galicia a lo largo de las últimas dos décadas.
La pregunta formulada por los senadores del Partido Popular de Ourense y Galicia, Rosa María Sánchez Gándara, Francisco José Fernández Pérez, María del Carmen Leyte Coello, José Manuel Baltar Blanco, Jose Manuel Barreiro Fernandez, Nidia Maria Arévalo, Jose Manuel Balseiro Oriol, Jose Manuel Rey Varela, José Crespo Iglesias, Juan Carlos Serrano Lopez, María José Pardo Pumar, Manuel Santos Ruiz Rivas, Rosa Maria Gallego Neira, Verónica Casal Miguez, solicitaba expresamente respuesta a qué sistemas concretos utiliza el Gobierno para evitar la siniestralidad laboral en estas obras. Sin embargo, la respuesta se limita a enumerar obligaciones legales ya conocidas —estudios de seguridad, planes de prevención o designación de coordinadores— sin aportar información adicional, evaluable ni específica sobre su aplicación real en Galicia o en la provincia de Ourense.
En relación con la segunda cuestión planteada, relativa al número y periodicidad de las inspecciones de trabajo, el Gobierno tampoco ofrece los datos solicitados. En ningún punto de la respuesta se especifica cuántas inspecciones se han realizado, con qué frecuencia ni en qué tramos concretos, a pesar de tratarse de una información básica para valorar si existe un control efectivo de las condiciones de seguridad laboral. El Ejecutivo se limita a indicar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha investigado 13 accidentes de trabajo en la provincia de Ourense, incluyendo el ocurrido el 18 de noviembre, señalando que “se han abierto las actuaciones pertinentes”. Una fórmula administrativa que no aclara responsabilidades, no aporta conclusiones y no ofrece garantías de que se estén corrigiendo las deficiencias detectadas.
Además, el Gobierno deriva la responsabilidad a las empresas contratistas, insistiendo en que son estas las obligadas a proteger a sus trabajadores, sin explicar qué controles adicionales ejerce la Administración General del Estado como promotora de una infraestructura de esta magnitud.
Para el Partido Popular, esta respuesta evidencia una falta de transparencia y de rendición de cuentas impropia ante una situación tan grave como la acumulación de accidentes laborales, algunos de ellos mortales, en obras financiadas y promovidas por el Estado. Cuando se pregunta por datos concretos, el Gobierno responde con generalidades; cuando se exigen controles, se refugia en la ley; y cuando se produce un fallecimiento, se limita a anunciar “actuaciones” sin más explicaciones. “El Gobierno de España tenía la oportunidad de aclarar cómo se está protegiendo realmente la vida de los trabajadores del AVE en Galicia. Ha optado, una vez más, por no hacerlo”, señalan los senadores.
