Ante las oficinas del INSS de Celanova, los populares denuncian que el Gobierno central sigue sin cumplir el mandato aprobado por el Congreso para recuperar la atención presencial en las oficinas públicas
Impulsan una nueva iniciativa para el INSS y la Tesorería, que fija un máximo de diez días hábiles para obtener cita en los trámites esenciales
11, agosto, 2026
El PPdeG reclamó hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que elimine definitivamente la obligatoriedad de la cita previa en las oficinas de la Seguridad Social de las zonas rurales y garantice una atención presencial directa, accesible y de calidad a todos los ciudadanos, sin diferencias entre territorios, criticando que la cita previa solo sea obligatoria en los municipios del rural.
Así hicieron esta reclamación en Celanova la diputada nacional Ana Vázquez y el senador Francisco José Fernández, acompañados por la secretaria de la gestora local del PP en esta villa, Ana Antorrena, ante una de las oficinas de la Seguridad Social que aún mantiene la obligatoriedad de la cita previa.
Los representantes populares denunciaron que el Ejecutivo continúa haciendo caso omiso al mandato del Congreso de los Diputados, que el pasado 28 de mayo aprobó, por 186 votos a favor y 159 abstenciones, una Proposición no de ley del Grupo Popular para eliminar la cita previa como requisito exclusivo de acceso a las oficinas de la Administración General del Estado.
“Pasaron más de dos meses desde que el Congreso le ordenó al Gobierno central garantizar una atención presencial con o sin cita previa, pero nada cambió”, advirtieron. Como ejemplo, señalaron que la propia página oficial de la Seguridad Social continúa indicando que en el centro comarcal del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Celanova la atención se presta con “cita previa obligatoria”.
Para los populares gallegos, esta situación resulta especialmente grave en una provincia como Ourense, caracterizada por el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y el elevado número de personas que viven en medio rural. “No se puede obligar a una persona mayor la realizar por internet los trámites para solicitar una pensión, una prestación de viudedad o una incapacidad. La Administración tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no convertirse en un laberinto que los deja desamparados”, subrayaron.
Iniciativa específica para la Seguridad Social
Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, el Grupo Parlamentario Popular presentó una nueva Proposición no de ley centrada específicamente en la atención prestada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
La iniciativa reclama suprimir el carácter obligatorio y generalizado de la cita previa, permitiendo que los ciudadanos puedan acudir directamente a las oficinas. La cita se mantendría como una opción voluntaria para aquellas personas que prefieran reservar previamente el día y la hora de su atención. El PP propone también establecer un plazo máximo de diez días hábiles para conseguir cita en los trámites esenciales, especialmente en las solicitudes de pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, así como en las prestaciones por nacimiento y cuidado de menores.
Además, pide habilitar canales de atención prioritaria para los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas mayores de 65 años, con discapacidad y los residentes en los municipios rurales. En todos estos casos deberá garantizarse la atención presencial sin necesidad de realizar previamente ninguna gestión telemática. La propuesta se completa con la cobertura inmediata de las vacantes existentes en los planteles de la Seguridad Social y con la aprobación de una oferta extraordinaria de empleo público que permita recuperar los niveles de atención anteriores a la pandemia.
El Gobierno oculta los datos de Ourense
Ana Vázquez recordó que el pasado 28 de abril, junto con otros diputados del Grupo Popular, formuló una batería de preguntas parlamentarias para conocer los tiempos medios de resolución de las diferentes prestaciones de la Seguridad Social en la provincia de Ourense desde 2017, los plazos para reconocer el complemento por brecha de género o maternidad y el número de expedientes pendientes de resolución.
Sin embargo, en su respuesta de 10 de junio, el Gobierno no facilitó ninguno de los datos solicitados sobre Ourense. Se limitó a reproducir los plazos máximos establecidos legalmente: 90 días para las pensiones de jubilación, 135 para las prestaciones de incapacidad permanente, 90 para las de viudedad y supervivencia, 30 para incapacidad temporal y maternidad y seis meses para el ingreso mínimo vital.
“El Gobierno no respondió a una sola de las preguntas formuladas ni explicó cuantos orensanos están esperando por la resolución de sus expedientes. Esa opacidad confirma su falta de interés por solucionar un problema que afecta directamente la pensionistas, familias, autónomos y trabajadores”, criticó Vázquez.
Por su parte, Francisco José Fernández incidió en la necesidad de reforzar los planteles de la Seguridad Social para garantizar una atención pública ágil y eficaz, mientras que Ana Antorrena puso el foco en las dificultades que la obligatoriedad de la cita previa provoca entre los vecinos y vecinas de Celanova y de su entorno, especialmente entre las personas mayores y quien reside en los municipios rurales de la comarca.
Los representantes populares insistieron en que la digitalización debe servir para facilitar la relación con la Administración, pero nunca para excluir a quien no dispone de medios o conocimientos tecnológicos. “La cita previa puede seguir existiendo como instrumento voluntario de organización, pero no puede ser una puerta cerrada. Los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos y el Gobierno tiene la obligación de poner los medios humanos y materiales necesarios para hacerlo posible”, concluyeron.
