El Partido Popular afea al Gobierno Central los retrasos en la normativa que permita a las diputaciones y a los ayuntamientos financiar inversiones “clave” para la ciudadanía con el superávit del 2024

Plenor ordinario da Deputación Ourense correspondente ó mes de marzo. Asisiten Luís Menor Pérez (Presidente Deputación); Marta Nóvoa Iglesias (VicePresidenta 1ª); Cesar Fernández Gil (VicePresidente 2º); Placido Álvarez Dobaño (VicePresidente 3º); Rosendo Fernández; Jorge Pumar Tesouro (Deputado PPOU); José Miguel Pérez Blecua (Deputado PPOU); Manuel Seoane Rodríguez (Deputado PPOU); Patricia Torres Madureira (Deputado PPOU); María del Carmen González Quintela (Deputada PPOU); José María Lago Cabo (Deputado PPOU); María Teresa Barge Bello (Deputada PPOU); Emilio Luis Díaz Vidal (Deputado PSOE); Elvira Lama Fernández (Deputado PSOE); Diego Fernández Nogueira (Deputado PSOE); Susana Rodríguez Estévez (Deputado PSOE); Marina Vaz Quintillán (Deputada PSOE); Álvaro Vila Araujo (Deputado PSOE); Aurentino Alonso Araujo (Deputado PSOE); Antonio Fernández Martín (Deputado DO); Gonzalo Pérez Jácome (Deputado DO); Rafael Martínez Cachafeiro (Deputado DO); Bernardo Varela López (Deputado BNG), Xosé Manuel Puga González (Deputado BNG), María José Mangana Guede (Deputada BNG), Mónica Legaspi (Interventora Deputación Ourense) e Juan Marquina (Secretario Deputación Ourense).

La portavoz del Grupo Provincial Popular, Patricia Torres, destaca como “necesaria” la aprobación de la normativa que dé sostenibilidad financieira las entidades locales, “crucial” para invertir en saneamiento, recogida de residuos, energía, comercio o promoción turística

14, marzo, 2025

El Grupo Provincial del Partido Popular registró una moción, para su debate en el próximo pleno de la Diputación, en la que se insta al Gobierno Central a que apruebe un Real Decreto Ley que permita la prórroga del destino del superávit del año 2024, para las entidades locales en el año 2025. La portavoz de los populares en la Diputación, Patricia Torres, critica el “desconocimiento” que encuentran las diputaciones y ayuntamientos de la situación actual de las reglas fiscales, que están impidiendo que estas entidades locales destinen el saldo positivo que quedó del ejercicio anterior a financiar inversiones “clave” para la ciudadanía.

El PP en la Diputación afea al Gobierno de España los retrasos en abordar el nuevo sistema de financiación autonómica, lo que está impidiendo que las entidades locales se planifiquen para hacer frente al incremento de los precios de los gastos corrientes, al personal o la prestación de servicios a los ciudadanos.

“Es imprescindible determinar lo antes posible los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financieira” indica Patricia Torres, que destaca como “crucial y necesario” que los ayuntamientos y diputaciones puedan destinar el superávit del año 2024 en iguales condiciones que el año anterior.

En el contexto actual existe una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023, puesto que no se aprobó una nueva Ley de Presupuestos Generales para el año 2025, ni se definieron los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financieira para este año. Por tanto, la Diputación y los ayuntamientos no saben como se aplicará la ley ni la posibilidad de destinar el superávit del año 2024 la inversiones.

Cabe mencionar que la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financieira regulaba que cuando las corporaciones locales, tras atender las obligaciones pendientes en materia presupuestaria (pago a proveedores, etc), el restante saldo podía destinarse a financiar inversiones siempre que estas fueran financieiramente sostenibles. En este punto, el Grupo Popular Provincial incide en la “oportunidad” que suponía hacer inversiones en áreas como saneamiento, abastecimiento de aguas, recogida de residuos, iluminación pública, industria, energía, comercio o promoción turística, entre otras.

Debido la estas necesidades de inversión y sostenibilidad financieira, los populares ourensanos urgen que el Gobierno central dé luz verde la ese decreto ley, regulando así las normas especiales para el destino del superávit presupuestario, que van desde la realización de inversiones financieiramente sostenibles al pago a proveedores o la amortización de la deuda.

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